El interés superior del menor y las políticas de seguridad sobre la infancia como mecanismos de racismo institucional
Desde una perspectiva eurocéntrica, capitalista y patriarcal sobre las formas de vida, nociones como “seguridad”, “bienestar” y “protección” son constantemente utilizadas en la retórica social y de las autoridades en el contexto europeo contemporáneo.
La narrativa de que Europa es un lugar seguro, de que la blanquitud emana protección, ha formado parte de la retórica que históricamente ha reforzado la percepción de Europa y sus formas de vida como un espacio de salvación, como horizonte a ser alcanzado. En la práctica no solamente se constata que ese supuesto espacio de salvación está reservado exclusivamente para los ciudadanos blancos europeos, sino que además para la existencia y sostenimiento de ese espacio, en donde la seguridad vital, económica y sanitaria de aquellos que ocupan la cúspide de la estructura social global sea posible, es necesario mantener un orden que explote, persiga, controle, y hasta asesine a los pueblos y personas del Sur global consideradas por el sistema capitalista colonial como sacrificables. Por otro lado, la retórica de la seguridad como horizonte vital a alcanzar ha instalado la noción de que las formas de vida europeas y de la población blanca son las “correctas”, son las que deben ser adoptadas, o sino impuestas al resto de la humanidad.
En el contexto europeo actual es mediante los mecanismos legales que se trasvasa la ideología de la supremacía blanca hacia la realidad. Mediante las instituciones se impone la violencia y el control a las poblaciones migrantes y racializadas, consolidando así los mecanismos de explotación, persecución y detención de personas migrantes a través de un sistema de control migratorio basado principalmente en la legalidad y en cuya retórica es central la noción de seguridad. No se trata únicamente de un sistema que busca salvaguardar la seguridad de los ciudadanos blancos europeos, de los capitales empresariales, o de sus territorios, o de la derecha europea alardeando que las formas de vida y las poblaciones migrantes provenientes del Sur global son una “amenaza para Europa”. En gran medida, el discurso sobre la seguridad también incluye la izquierda europea, y su construcción de la supuesta necesidad de brindar “protección” y “seguridad” a solicitantes de asilo, a menores de edad migrantes y a la población migrante en general. Es así como el sistema de control migratorio se sirve de un retórica paternalista, en donde no sólo despoja de la autonomía a aquellas poblaciones que controla y oprime, sino que incluso llega a ejercer todo tipo de violencia institucional en nombre de la supuesta protección de aquellas poblaciones cínicamente narradas como “vulnerables” por el mismo poder político que las despoja, ilegaliza, expulsa, explota, violenta e incluso asesina.
Uno de los ámbitos donde los mecanismos de control de los estados europeos y las autoridades utilizan como principal argumento salvaguardar el bienestar y la seguridad de aquellos que violenta, es el de la infancia migrante. Diversos mecanismos legales y burocráticos han sido diseñados e implementados para violentar a los menores migrantes en los distintos contextos donde se fortalece el racismo institucional mediante discursos paternalistas y de supuesta protección y seguridad.
En Octubre de 2020 finalmente se instaló en el debate público los casos de menores migrantes separados de manera forzada de sus madres luego de haber cruzado las fronteras españolas1. Dicho debate únicamente se centró en aquellas separaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Las Palmas, Gran Canarias durante los meses cercanos a Octubre de 2020, más no en los cientos, y quizás miles, de casos de separaciones forzosas ocurridos desde la imposición del “Protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros” en el año 2014. En ese mismo año se legisló en relación a los procedimientos que imponen la separación de madres e hijos, hasta la confirmación de las pruebas de ADN que certifiquen el vínculo filial. Este protocolo fue creado por recomendación del Defensor del Pueblo Español ante el supuesto “riesgo de trata, adopciones ilegales o incluso el tráfico de órganos”.
Bajo el argumento de la necesidad de dar “protección” y “seguridad” a los menores migrantes, las autoridades españolas han determinado la separación automática y forzada de madres y familiares adultos de los menores que se encuentren cruzando una zona de frontera desde el año 2014. De esta manera, luego de cruzar la frontera, aquellas familias “internadas” en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) son sometidas a la separación forzosa que implica el internamiento de los menores en Centros de Protección, manteniéndolos separados de madres y familiares durante hasta los 7 meses que puede durar el proceso de certificar dicha filiación mediante pruebas de ADN2. Esta práctica de violencia contra la infancia migrante se encuentra resguardada bajo el argumento y los mecanismos legales del supuesto “interés superior del menor” en donde en nombre de la seguridad y protección de éste/a, se le imponen toda una serie de violencias tan graves como la separación forzosa de sus madres.
Esta misma violencia ejercida por el estado español es la que recientemente saltó a los medios de comunicación en relación a la separación de menores de sus madres, padres y familiares en el contexto estadounidense. En donde también el “interés superior del menor” y el uso del Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA) de 2008 construyen camino legal para ejercer una de las peores violencias contra un/a menor de edad en nombre de su propia “seguridad”.
Si bien los casos de separaciones forzadas en zonas de las fronteras españolas han logrado aparecer brevemente en el debate mediático y político, ha permanecido el silencio en relación a los procesos de quitas de custodia al interior del territorio cometidos principalmente por agencias de protección del menor tales como la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) en Catalunya, los Equipos Específicos de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) en Valencia, la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad en Madrid, así como las distintas oficinas de los Servicios Sociales a lo largo del país.
En estos contextos una se imaginaría que un proceso de quita de custodia en manos de Servicios Sociales o Protección de Menores, se debe a que el o la menor vive una situación de violencia sexual, física o psicológica. Pero lo que las cifras nos demuestran, así como el testimonio de decenas de madres y familias migrantes, es lo contrario. Los procesos de quitas de custodia y apertura de expedientes para el control de las familias son en gran medida por motivos racistas clasistas y machistas.En base a los datos del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia emitido por el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) en el año 20183, el 56% de expedientes abiertos por maltrato infantil eran por "negligencia”, es decir, no existía una situación de violencia física, sexual o psicológica, sino que la familia acumulaba “factores de riesgo”, tales como ser un “núcleo en situación de inmigración con graves dificultades económicas o legales o falta de apoyo”, que “tiene insuficiencia de ingresos económicos para garantizar el cuidado básico del niño o la niña”, que “es un núcleo monoparental con graves dificultades económicas” o que “alguno de los progenitores ejerce la prostitución”, entre otros (véase gráficos).
Además, de los 12.679 expedientes abiertos por “negligencia”, 9.328 están en la categoría “leve o moderado”. Esto coincide con que la mayor cantidad de expedientes abiertos se da a través de los Servicios Sociales, donde las familias se acercan precisamente por no tener recursos suficientes. Catalunya es la segunda comunidad autónoma con más expedientes abiertos, de los cuales los menores extranjeros representan un 85% de éstos, una amplia mayoría, a pesar de ser la población migrante una minoría. Además, es importante tener en cuenta que en esta estadística no se contempla cuántos de los menores con nacionalidad española son racializados, por lo cual la población menor de edad racializada con expedientes abiertos podría ser aún mayor.
Recientemente utilicé el simulador del RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil)4 marcando ciertos “factores de riesgo”, tales como el ser madre soltera, no haber podido ir a las reuniones del colegio, ser migrante, tener cambios de parejas frecuentes, es decir, ningún factor vinculado a algún tipo de maltrato, físico, sexual o psicológico. El resultado expedido por el simulador fue que el niño o niña estaba viviendo una situación de “maltrato por negligencia” y el sistema recomendaba a la autoridad competente que se abriera un expediente y se hiciera una investigación a la familia.
Y es así como otra vez, en nombre de la seguridad, el bienestar y la protección del menor, se termina criminalizando a la familia mediante mecanismos legales profundamente racistas, clasistas y machistas, que desembocan en el ejercicio de una de las peores violencias contra un menor, el separarlo de manera forzada de su madre, padre o núcleo familiar.
Estos dos modos de violencia institucional que marca el RUMI contra la infancia migrante son solo una pequeña parte de todos aquellos mecanismos legales que vienen generando situaciones de extrema dureza diseñadas para mantener la continuación del orden colonial mediante el racismo institucional. Desde el asesinato del joven marroquí Illias Tahiri en el centro Tierras de Oria de Almería5, hasta el suicidio del menor de 9 años de origen colombiano Jesús Ander en Cantabria6, ambos bajo custodia del sistema de protección de menores, el ejercicio de la violencia provinode los “protocolos de contención” y estuvo acompañado del argumento de la necesidad de protección y tutela de estos menores y del “interés superior del menor”, reclamando supuestamente la protección de su seguridad y bienestar.
En noviembre de 2020, en el contexto de Barcelona, Loubna, madre de Nour B., viene confrontando la impunidad de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) y representando a los cientos de madres afectadas por la violencia institucional ejercida por esta entidad.7 Nour, de tres años, fue arrebatada de su núcleo familiar debido a un informe médico en donde se afirmaba que la menor no estaba ganando el peso correspondiente a su edad, algo que puede ser común en el proceso de desarrollo de algunos niños y niñas, y una situación que debería de ser tratada por los médicos si esta condición pusiera en riesgo la salud de la menor. En un informe, que luego formaría parte de un expediente, se añadieron otros “factores de riesgo” como los mencionados anteriormente8. Nour fue retirada de la escuela por las autoridades sin aviso alguno a su madre, que se enteró del arrebato de la custodia de su hija por parte de la DGAIA al ir a buscar a la escuela a la menor y no encontrarla. Por otro lado, se sabe que ni los servicios médicos ni las autoridades de la DGAIA han realizado hasta el momento ningún tipo de examen médico ni tratamiento a la menor desde que fue arrebata de su madre e ingresada de manera forzada en un centro de menores. Loubna, junto con un grupo de más de 50 mujeres de origen marroquí, varias de ellas afectadas por las quitas de custodia, y apoyadas por la organización antirracista de base Papeles para Todos y Todas, han tomado la palabra para denunciar lo que la izquierda y el feminismo blanco catalán y español no quieren oír, y que viene siendo denunciado por distintos colectivos y militantes del antirracismo político desde hace ya varios años.
La lucha de Loubna por recuperar a su hija es la misma lucha de Kelly Agbons9 por recuperar a su hijo dado en adopción a una familia blanca luego de ser arrebatado de los brazos de su madre antes de ser deportada a Nigeria. Es la lucha de Ferdinand Kome y Monike Mbakong por recuperar a su hijo Walter10. Es la lucha de Linda Porn por buscar justicia y reparación ante la violencia institucional vivida en su familia por parte de la DGAIA11. Es la misma lucha de Maria al resguardarse en el consulado uruguayo de Barcelona luego de que una sentencia determinara mediante el uso del SAP (Síndrome de Alienación Parental) que debía entregar a su hija al hombre blanco catalán que presuntamente había abusado sexualmente de la menor y no fue jamás investigado por ello12. La lucha de Loubna es la de tantas compañerxs migrantes y racializadas que se posicionan en contra del sistema de “protección” de menores que mediante el argumento de la seguridad y el “interés superior del menor” no solamente arrebatan la libertad y el amor de la vida de a quienes controlan, sino que además rompen todos los lazos comunitarios de formas de crianza no individualistas, capitalistas, patriarcales y eurocéntricas. Este sistema intenta romper todas aquellas formas comunitarias de dar protección a las vidas y crianzas de los menores migrantes, formas que se encuentran en resistencia mediante las protestas y la organización política de las madres migrantes que vienen denunciando las quitas de custodia racistas.
Notas al pie
1 “Las mujeres migrantes separadas de sus hijos en Canarias: "Los niños no comen y enferman porque sus madres no están" (El Diario. 22 de Octubre 2020) https://www.eldiario.es/canariasahora/365-dias-de-migraciones/mujeres-migrantes-separadas-hijos-canarias-ninos-no-comen-enferman-madres-no_132_6312555.html
2 Una familia siria pide que le devuelvan a su hijo tras meses esperando las pruebas de ADN
https://elfarodemelilla.es/familia-siria-pide-hijo-meses-esperando-pruebas-adn/ (El Faro de Melilla. 22 de Abril 2020)
3 Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (2018) https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/Boletin_Proteccion_21_Accesible.pdf
4 Simulador del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=64&cod=2997&page=
5 “Khadija Alanti, la madre de Ilias Tahiri: "El vídeo habla por sí solo: no es un accidente, es un asesinato" (El Diario. 20 de Junio 2020) ]https://www.eldiario.es/desalambre/khadija-alanti-ilias-tahiri-asesinaron_128_6063268.html
6 “Un centenar de personas piden justicia por la muerte del niño en un piso tutelado en Tudela” https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/06/07/centenar-personas-piden-justicia-por-muerte-del-nino-piso-tutelado-tudela-692301-300.html
7 “Un centenar de persones es manifesta al CAP La Serra perquè retornin una menor als seus pares” (Diari de Sabadell. 28 de Octubre 2020) https://www.diaridesabadell.com/2020/10/28/un-centenar-de-persones-es-manifesta-al-cap-la-serra-perque-retornin-una-menor-als-seus-pares/
8 ORDRE BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents. https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=651572&language=ca_ES&fbclid=IwAR1DAv5kiepa8FVPh8BfObD0L9HpUUsYU1mURs_wduUeo6zoqC7airFxtHY
9 “¿Dónde está el hijo de Kelly Agbons?” (El País. 17 de Junio 2012) https://elpais.com/politica/2012/06/15/actualidad/1339786414_677207.html
10 “Ferdinand Kome y Monique Mbakong: atrapados en un laberinto burocrático y víctimas del racismo institucional” (El Diario. 6 de Septiembre 2019)
11 “El hombre del saco” (Píkara Magazine. 2019) https://www.pikaramagazine.com/2019/03/el-hombre-del-saco/
12 “Retiran a una mujer uruguaya la custodia de su hija y se la entregan a su padre, que fue acusado de abusar sexualmente de la menor” (Público. 9 de octubre 2019) https://www.publico.es/sociedad/violencia-sexual-infancia-retiran-mujer-uruguaya-custodia-hija-entregan-padre-acusado-abusar-sexualmente-menor.html