Un robo legalizado (español)
En el año 2010 y 2011 varios países latinoamericanos entre ellos: Chile, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela cumplen 200 años de liberación del yugo español. De ahí en adelante, con más o menos dificultades, los países latinoamericanos han vivido experiencias y procesos casi similares. Semejantes es su eterna dependencia económica, primero española, inglesa y después norteamericana. Con intromisiones directas de este último (USA), ya sea con invasiones o apoyando golpes de estado que dieron paso a las criminales dictaduras militares.
Y luego de estos oscuros años, son las “democracias” post dictadura, con los sabidos pactos entre militares y partidos políticos de derecha, (los opositores fueron barridos con ilegalizaciones y asesinatos)los que aseguran por medio de constituciones y leyes (bajo la atenta mirada norteamericana), que la américa indígena y mestiza no vuelva a tener procesos progresistas que impidan el control norteamericano en la región.
De ahí que las durísimas leyes impuestas por las dictaduras y que siguen aún legitimando las “democracias” actuales, abarcan desde las constituciones hechas para favorecer a unos pocos, pasando por las leyes laborales “contra” los trabajadores, (la administración neoliberal de los fondos de pensiones, la salud, la educación, la vivienda etc.). Todas leyes que favorecen a los poderosos, a los grandes empresarios con un estado reducido a su máxima expresión. La vida actual de las naciones latinoamericanas, está regida por la economía de mercado y la vida política subordinada a ésta. Chile es uno de sus mejores exponentes, es un magistral laboratorio neo liberal, a cielo abierto.
Las condiciones de la liberación económica
Inmediatamente despues del golpe de estado en Chile (11.09.1973) contra el gobierno de Salvador Allende, la dictadura con el apoyo de civiles de derecha implementó una serie de leyes, para garantizar legalmente su permanenecia en el poder.
Son los años de las persecuciones, de los asesinatos montados y presentados como enfrentamientos, son los años de los desaparecidos, del exilio, de la prensa opositora silenciada. Es este instante “favorable a ellos” comienzan a decretar leyes casi secretas, en que la dictadura con los llamados chicagos boy, comienza a poner en práctica un modelo neoliberal, que años mas tarde, sería conocido como el “Consenso de Washingston” que consistía en liberalizar, desregular, privatizar la economía del país y disminuir al máximo las responsabilidades y atribuciones del estado,
Este “modelo neoliberal”, que modifica el modo de acumulación y las relaciones sociales, permite a ojos del Fondo Monetario Internacional (FMI), una tasa de crecimiento e índices macroeconómicos muy satisfactorios. La Constitución promulgada en 1980 y vigente hasta hoy, apunta a institucionalizar ese proceso y sobretodo, prepara las condiciones para su supervivencia, mucho más allá del régimen militar.
El Nacimiento de los Fondos de Pensiones
Las AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones – de Chile, son instituciones financieras privadas, encargadas de administrar los fondos y ahorros de pensiones. Creada en Noviembre de 1980 durante la dictadura militar por Decreto Ley N° 3500, esta ley reformó el sistema previsional social chileno, transformándolo en un sistema de acumulación (capitalización) individual de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Constituyéndose en la viga maestra de la privatización de la seguridad social, erigiéndose luego en “modelo” para los países latinoamericanos y para los países de europa del este.
El nuevo sistema, es obligatorio para todos los trabajadores dependientes (con contrato de trabajo) y opcional para los trabajadores independientes. En ambos casos la cotización es de un 10% de las remuneraciones, sin aportes del empleador ni del estado. A esto hay que sumarle que al trabajador las administradoras cobran, por administar sus fondos, una comisión del 3% anual sobre el sueldo bruto.
Desde el momento de su implementación (1980), todos los trabajadores menores de 35 años debían cambiarse de las antiguas cajas sociales de previsión a las nuevas administradoras de pensiones. Estas, producto del traspaso, empiezan a recibir los dineros en sus arcas. Las AFP comienzan a “trabajar” el dinero acumulado de los trabajadores/as, y adquieren (para ellos), las industrias estatales que la dictadura estaba privatizando a “precio módico”. Más de 180 empresas del estado, fueron rematadas. Esas empresas estatales, hoy en manos de empresarios privados, fueron compradas con el dinero de todos/as los chilenos.
Pero curiosamente, si todos los chilenos estaban obligados a cambiarse a las nuevas administradoras de fondos de pensión, esta obligación no corría para los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros (policías) que tienen su propio sistema de previsiones. Sistema que en la actualidad, es el más seguro y el que ofrece las mejores prestaciones y las mejores jubilaciones.
Ruleta a costa de los trabajadores/as
Desde la aplicación de la ley, habían 12 AFP, con el paso de los años, por fusión o absorción, hoy sólo existen 6 AFP. Algunas de ellas en manos de capitales extranjeros, o en manos de bancos extranjeros, como el Citigroup o los españoles Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, o el BancoEstado de Chile.
No voy a entrar en detalles de las distintas modalidades o tipos de fondos de pensiones que existen en las administradoras, para que los trabajadores depositen sus ahorros y que se las administren. Su acceso a cualquier tipo de fondo, está limitado por el sueldo y el lugar que el trabajador ocupa en la economía. El que tiene más, puede ahorrar en el tipo de fondo que está a su alcance. Digamos solamente que al no existir un control o un órgano regulador sobre los destinos dónde se invierte el dinero las AFP, al final hay un sólo ganador y miles de perdedores. En realidad existe un control, pero en el modelo económico existente, ellos (los dueños) son juez y parte, o en otras palabras, inversores y vigilantes, todos entran y participan en la ruleta bursátil que es donde se “juegan” el dinero de los trabajadores.
El porcentaje mayor de trabajadores en Chile deposita sus fondos, en la categoría que le dará la jubilacion más baja y por esto, se arriega y elige el tipo de fondo que le “promete mas ganancias”, pero esa posibilidad es la más riesgosa. Porque el sistema de AFP no fue diseñado para entregar una buena jubilación a los trabajadores. Fue diseñado para usar los ahorros de los afiliados en la ambición desmedida de sus propietarios, que se “jugaron y juegan” aún el dinero de los trabajadores en la especulación, en la burbuja financiera mundial. Ya a fines del 2008 el sistema estaba demostrando la otra cara de la moneda, para los miles de trabajadoras/es que después de toda una vida de trabajo, veían como sus montos acumulados se disminuían hasta la mitad.
La exportación del modelo
Con la crisis financiera mundial, se hace público el desfalco en los fondos de pensiones de los trabajadores/as chilenos, administrados por firmas privadas, que llegaban en el año 2008 a pérdidas de unos 26.400 millones de dólares. Con el paso del tiempo este agujero medido en dólares sólo se ensancha y aumenta. Y lo sigue haciendo a vista y paciencia del gobierno y de sus administradores privados y ante la impaciencia de sus dueños, que son los trabajadores/as.
Las pérdidas son enormes, además, de empobrecer a la población, a los futuros pensionados, este hoyo negro, que comienza a perfilarse como una gran error a todo lo hecho, pensado y hablado durante los últimos treinta años de religión neoliberal, se ha adherido a la economía chilena como una de los mayores heridas de su historia. Heridas que afectan y afectarán a millones de trabajadoras/es de América latina y Europa, ya que este modelito de exportación, fue muy bien vendido, y hoy es implementado por los neo liberales de las “democracias” de Colombia (1993); Peru (1993); Argentina [1] (1994); Uruguay (1995); México (1997); Bolivia [2] (1997); El Salvador (1998); Costa Rica (2000); Nicaragua (2000); República Dominicana (2003); Ecuador (2004) y en Europa: Hungria (1998); Polonia (1999); Letonia (2001); Bulgaria (2002); Croacia (2002); Eslovaquia; Estonia (2002); Macedonia (2003); Rusia (2004): donde dejará marcas terribles en las naciones en que se ha impuesto.
Es un hecho que ni la actual presidenta la Sra. Michelle Bachelet ni el próximo presidente, harán frente a las empresas que controlan la economía chilena, resideñando los impuestos y reforzando el derecho de los trabajadores.
Lo que sí se ha hecho en cambio, son soluciones de parche como el proyecto de reforma previsional que comenzó a regir a partir de julio 2008, anticipándose a la avalancha que viene. Esta reforma, permite a las personas mayores de 65 años (que no lograron conseguir reunir fondos suficientes para una jubilación y también para las mujeres dueñas de casa), gozen de una pensión de 75.000 Pesos o sea casi 100 Euros. Este parche es el mejor salvavidas que el estado arroja a las AFP. Porque ese estado que no sirve para nada, (según los apologistas del mercado), los salva para que en el futuro la gente no salga a las calles a reclamar lo suyo. Es un parche, un subsidio, un tapa boca al llanto que deja la herida provocada por las AFP. Pero también, es la legitimación del sistema de capitalización individual, al que deja intacto.
Al tomar el Estado esta carga, lo que hace es consolidar el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como puntal financiero de la economía chilena. En tales condiciones, es legítimo dudar que el actual gobierno y los que vengan en el futuro no inicien transformaciones estructurales en los próximos años.
Una espada de damocles, se cierne en los cielos de Chile, en el año 2010 y 2011 una gran masa de trabajadores/as que hace casi 30 años ingresaron al sistema previsional (AFP), comenzarán a jubilarse en uno o dos años y las AFP tendrán que responder por esas jubilaciones y el Gobierno, no tendrá parche para tanta herida.
Comentario:
[1] Argentina, decreta en el año 2008 una ley que traspasa los fondos de pensiones privados a un fondo estatal.
[2] Bolivia: Está rediseñando un nuevo Proyecto de Ley que devuelva al estado los fondos de pensiones.